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El Banco de España pide que los pensionistas también asuman la pérdida de ingresos


El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el Congreso. / EFE

El gobernador, Pablo Hernández de Cos, se niega a «generalizar» las bajadas de impuestos y los aumentos del gasto público, ante la posibilidad de que la recaudación tributaria decaiga en el futuro

José María Camarero

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vertido un jarro de agua fría sobre hogares, empresas y políticos que gestionan las Administraciones advirtiéndoles de una dura realidad: «Que asuman una pérdida de ingresos», ha indicó durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Y no ha dejado a nadie atrás. Ni siquiera los pensionistas, al afirmar los efectos de «riesgo» que tendrá la revalorización de todas las pensiones en función de la evolución de la inflación, con la subida prevista del 8,5% para el próximo año, tal y como reflejan las cuentas públicas de 2023.

El mensaje de Hernández de Cos, ante todos los grupos parlamentarios, ha sido estricto en cuanto a las «señales» que hay que dar para frenar la inflación. «Hay una pérdida de bienestar sí o sí», ha indicado. «Lo único que podemos hacer es repartir el costo» de la inflación. Ya sea solo en el sector privado (entre trabajadores y empresas) o incorporando al público, incluidos «funcionarios y pensionistas».

En este sentido, ha abogado por proteger a los pensionistas más vulnerables, con una revalorización de las prestaciones mínimas el próximo año en línea con la inflación, estimada en un 8,5%. Pero no el resto de pensiones. En todo caso, ha insistido en que esta excepción sería «temporal», porque la ley indica que la revalorización debe confirmarse al IPC medio de noviembre a noviembre de cada año, tal y como votó en su momento el Congreso. Pero, al mismo tiempo, ha insistido en que esta realidad hay que «compensarla» con medidas que estabilicen la Seguridad Social, ya sea con más ingresos o con menos gastos.

El gobernador se ha dirigido a todos los agentes económicos respecto a la pérdida de ingresos en este contexto. “Principalmente empresas y hogares, pero también Administraciones Públicas”, ha indicado. Para que todos ellos «internalicen la pérdida de ingresos que supone la subida de precios» de las materias primas que importa España y el efecto de la inflación. El gobernador ha insistido en el mensaje que ha lanzado en los últimos meses, en medio del debate sobre la revalorización de las pensiones. «El gasto público debe evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automática en un contexto en el que el margen» del Estado «está muy constreñido por la abultada deuda pública».

El Banco de España calcula que cada punto porcentual de revalorización de las pensiones incrementará el gasto en esta partida presupuestaria en 1.800 millones de euros, lo que supone, a su juicio, una “presión muy importante sobre el gasto público”. Tanto es así que Hernández de Cos considera que los mayores compromisos de gasto por la subida de las pensiones con el IPC, así como la derogación del factor de sostenibilidad (el ajuste de la primera pensión en función de la evolución financiera del sistema y de la economía ) “todavía no ha sido compensado” por el resto de medidas de ahorro aplicadas por el Ministerio de la Seguridad Social, como el incremento de cotizaciones a partir de 2023 o la sanción por jubilación anticipada.

El gobernador ha incluido a los nueve millones de pensionistas de España (seis millones de jubilados) entre todos los ciudadanos que deben soportar el impacto de la inflación en sus bolsillos. De hecho, considera fundamental pactar el pacto de renta que viene pidiendo pactar entre sindicatos y patronal para «repartir los costes» de la inflación entre empresas y trabajadores.

Sin embargo, el supervisor no ve hasta ahora que la subida de salarios sea el factor que esté impulsando los precios en España. De hecho, Hernández de Cos señala que “las presiones inflacionarias se han trasladado de forma muy contenida a los salarios y márgenes empresariales”. Dos factores que, a tenor de los datos analizados por la institución, «se han mantenido relativamente estables».

Pero el Banco de España mira al futuro y advierte de lo que puede venir por las cláusulas de salvaguardia contra la inflación que están pactando empresas y trabajadores. Estas cláusulas han aumentado: ya están presentes en el 25% de los nuevos convenios salariales de cada empresa, frente al 16% de media del año pasado. Esta mayor presencia de estas condiciones para subir los salarios en el futuro para que no pierdan poder adquisitivo «plantea los riesgos de que en el futuro se produzcan efectos de segunda vuelta sobre la inflación más intensos que los observados hasta ahora». Es decir, que la subida de salarios implica precios más altos, y así sucesivamente en una especie de espiral vertiginosa, uno de los riesgos más acentuados por el Banco de España en sus estudios y en las intervenciones del gobernador.

No aferrarse a los ingresos fiscales

La comparecencia del titular del Banco de España ha servido para analizar el proyecto de Presupuestos 2023, y ha puesto el acento en la evolución de los ingresos tributarios (los que recauda la Administración por IRPF, IVA, Sociedades, etc.) y en la Es necesario evitar en este momento «un impulso fiscal generalizado» en términos de impuestos (con recortes para todos los sectores) y un gasto público boyante.

Hernández de Cos ha señalado que “la política fiscal ya no puede ser un impulso generalizado”, a su vez para responder a los grupos parlamentarios de la comisión. A su juicio, «hay que apoyar a los más vulnerables, de forma temporal, pero sin un impulso fiscal general», ha insistido.

Los registros superan a los vividos antes de la pandemia, aunque ha pedido al Ministerio de Hacienda que actúe con «prudencia» para evitar que estos mayores ingresos se traduzcan en un mayor gasto, apoyándose en los impuestos, por el efecto negativo que esta dinámica puede tener sobre la economía. futuro.

Hernández de Cos ha asegurado que la previsión del Banco de España es una recaudación superior para este año a la proyectada por el Gobierno, lo que permitiría compensar ambos menores crecimientos en 2023 (prevé un incremento del PIB del 1,4% frente al 2,1% del Ejecutivo) como desviaciones al alza del gasto público, sobre las que ve «riesgos al alza» en el gasto de intereses, prestaciones por desempleo y pensiones.

En cualquier caso, ha señalado cómo el plan presupuestario apunta a una caída del gasto público respecto al PIB de casi un punto (0,9 puntos porcentuales), principalmente por la reducción de las subvenciones (0,6 puntos menos), que en total caso, se compensaría en parte con el aumento de las transferencias sociales y de los intereses.

En su comparecencia, el gobernador ha reclamado «prudencia» a la hora de utilizar el mayor colchón de rentas ante el «desconocimiento» del motivo que explica su mayor incremento, poniendo como ejemplo las mayores rentas obtenidas en los años de la burbuja inmobiliaria y advirtiendo así del riesgo de que este incremento se esfume y deteriore las cuentas públicas. “Insisto en la necesidad de no tomar este aumento en su totalidad como permanente, hasta que se conozca el origen del desacoplamiento que se observa desde 2020 entre la recaudación tributaria y las bases imponibles macroeconómicas”, subrayó.

De hecho, los cálculos del Banco de España sostienen que una parte «muy importante» de estos ingresos extraordinarios que está recaudando el Estado se debe (un 70%) al «intenso crecimiento económico» acumulado en España entre 2021 y 2022, tras la fin de la pandemia; pero también por el aumento de las bases imponibles y el aumento de los precios, una realidad “muy evidente” en el caso de la renta del IVA. El otro 30% de la subida de los ingresos fiscales no se sabe exactamente a qué le echa la culpa el Banco de España. Sorprendentemente, alude a que “puede deberse a múltiples factores, entre los que se encuentra, por ejemplo, un posible surgimiento de la economía sumergida”.

Por el lado del gasto público, el gobernador ha advertido que existen riesgos de desviación al alza en algunas partidas de gasto en 2023 respecto a lo presupuestado. Entre ellos, afectaría la carga de intereses, las prestaciones por desempleo y las prestaciones sociales, en particular las pensiones.


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