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Noticias locales

Seis de cada diez entidades locales esconden sus contratos de la lupa del Tribunal de Cuentas


Entrada principal de la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. / RC

El 45% tampoco entrega sus resultados anuales en el plazo legal e incluso el 29% incumple esta obligación “sistemáticamente” desde 2018

José Antonio Bravo

El sector público local lleva varios años pasando la revisión presupuestaria anual con superávits o, como mucho, pequeños déficits. Pero este buen hacer tiene otro lado claramente negativo, dado que la ocultación de sus datos contables es una práctica muy extendida, tanto que ha sido objeto de severas críticas por parte del Tribunal de Cuentas (TCu).

El reproche más evidente, además de recurrente, es la laxitud a la hora de cumplir con sus obligaciones. De las 14.151 entidades locales existentes (ayuntamientos, cabildos, diputaciones, condados y asociaciones), casi la mitad (45%) no rindió su cuenta general -en su último informe analizan datos de 2020, primer año de la pandemia de covid-. al órgano de control dentro del plazo legal. De estos, el 14% lo hizo con medio año de retraso (a finales de 2021) y del resto (31%) no hay noticias de que lo haya hecho.

A pesar de este incumplimiento generalizado, entre los auditores públicos existe la convicción de que no es un problema de tiempo sino de voluntad. De hecho, a su juicio, el TCu considera que dado el desarrollo de las nuevas tecnologías, los plazos legales de rendición de cuentas de las entidades locales “son excesivamente largos”.

Para ampliar su tesis de que se trata más de una cuestión de actitud, el tribunal destaca las grandes diferencias en los niveles de rendición de cuentas según la comunidad autónoma de origen. Así, mientras en Andalucía sólo el 35% de las entidades locales presentan puntualmente sus cuentas, en la Comunidad Valenciana suponen el 97% y en Aragón el 93%.

Grandes municipios designados

Entre los ayuntamientos señalados por esta indolencia hay diez considerados grandes, con una población superior a los 100.000 habitantes. Se trata de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Marbella, Badalona (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria y Palma (Mallorca) –el mayor consistorio de los 111 que nunca han presentado sus balances a tiempo–, junto a los madrileños de Getafe y Móstoles. A ellos se suman las diputaciones provinciales de Cuenca, Ávila, Zamora, Lleida y de nuevo Cádiz, además de buena parte de los cabildos insulares. Ninguno había presentado las cuentas de 2020 un año después de su cierre.

La situación empeora si miras hacia atrás. Tal y como destaca el organismo de control, “un número importante de entidades locales no rinde sistemáticamente sus cuentas generales”. Así, prácticamente el 29% (3.746 en total) aún no ha presentado la información relativa a 2018, 2019 o 2020, o incluso en 567 casos de los tres años. En ese último año, las entidades locales gestionaron un presupuesto global de 63.550 millones de euros, de los que ejecutaron el 76%.

Donde se aprecia una especie de agujero negro en el cumplimiento de sus deberes legales es en relación a la contratación pública. El 33% de las entidades locales presentó datos relacionados con estos compromisos a tiempo, mientras que el 31% lo hizo fuera de plazo. Sin embargo, el 36% (5.122 ayuntamientos, diputaciones y diputaciones) no aporta información al respecto. Si a esto le sumamos el hecho de que entre las que sí enviaron sus comunicaciones, 3.076 entidades manifestaron no haber suscrito ningún tipo de contrato, el nivel de morosos se dispara hasta el 57,9%, es decir, prácticamente seis de cada diez. Y es que desde 2019 la Ley de Contratos del Sector Público les obliga a facilitar estos datos independientemente de la cuantía del contrato, si es mayor o menor.

Porque los auditores públicos tienen claro que en todos los casos “la actividad del ejercicio requiere la celebración de algún tipo de contrato”. Es decir, estiman que si los ayuntamientos no les hacen llegar esta información no es porque no la tengan, sino porque la esconden de su lupa de control. La mayor parte de los convenios suscritos por las entidades son de servicios (42%), dado el tipo de competencias que han asumido, seguidos de suministros (29%) y obras (23%).

registros ocultos

En los contratos de mayor volumen (más de 600.000 euros en obras o concesiones, más de 450.000 en suministros y más de 150.000 en servicios), las entidades locales deberán remitir los extractos de estos expedientes al TCu. Pero tras varias comprobaciones, los técnicos detectaron que le habían ocultado 1.463 extractos por un importe total de 1.478 millones de euros. Ante ello, pudieron controlar en mayor o menor medida 34.057 acuerdos contractuales por valor de 8.021 millones.

El panorama no mejora al analizar los convenios suscritos por los municipios y el resto de entidades locales: solo el 38% remitió la información correspondiente al Tribunal de Cuentas, por lo que 8.837 (62%) incumplieron con su obligación legal. Un análisis posterior ha comprobado que entre los datos no enviados faltan 353 expedientes por valor de 593 millones de euros. Además, un total de 16.906 expedientes -cuyo importe ascendía a 770 millones- fueron tramitados por el sector público local, saltándose el preceptivo proceso de inspección previa.

Preocupada por esta situación, la presidenta de la corte, Enriqueta Chicano, ha pedido en varias ocasiones al Parlamento y al Gobierno que corten los fondos estatales a los municipios que no les rinden cuentas o incluso lo hacen muy tarde. No consideran eficaz la alternativa de imponer multas prevista en la ley, porque sus reducidas cuantías (apenas 1.000 euros en el mayor de los casos) eliminan su carácter coercitivo.

Los auditores públicos exigen una ‘limpieza’ de las empresas locales

El Tribunal de Cuentas ha dado otro tirón de orejas a los ayuntamientos por la desorganización que aprecian sus técnicos en el tejido empresarial público local y que, además, se arrastra desde hace años. Tanto es así que en su último informe advierte seriamente que «la sostenibilidad» de las arcas municipales «se ve afectada por la existencia de entidades instrumentales que sistemáticamente incurren en pérdidas o se encuentran en situación de desequilibrio patrimonial».

Y esto, advierte el órgano de control, «implica la necesidad de adoptar medidas encaminadas a su corrección». A finales de 2020 (último año analizado), una de cada diez empresas municipales -se habían registrado un total de 806- se encontraba “en causa legal de disolución” (su patrimonio neto era inferior a la mitad del capital social) o “sin actividad”, casi el doble en los consistorios de menos de 5.000 habitantes. En el caso de 29 de estas empresas públicas, se encontraban en quiebra técnica desde hace más de cinco años.

Asimismo, el 30% de las empresas públicas locales (243 en concreto) cerraron el último año con pérdidas y, de éstas, un tercio también cerró 2019 con resultados negativos. A este complicado escenario se suma el hecho de que las empresas municipales (entre ellas ayuntamientos y ayuntamientos) soportaban una deuda de 5.956 millones de euros, de los que el 42% vencía a corto plazo. La situación era doblemente preocupante en casi el 35% de ellos, ya que sus pasivos se sumaron a sus números rojos durante al menos dos años seguidos.


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