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España opta por un impuesto sobre las ventas y evita imputarlo sólo al recibo


La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en el Congreso. / EFE

Hacienda quiere evitar que las energéticas y los bancos utilicen la ingeniería contable para evitar un impuesto sobre beneficios, como propone Bruselas

José María Camarero

La idea es la misma, pero los detalles esconden las diferencias entre la propuesta de la Unión Europea sobre la aplicación de un impuesto a la energía, y la norma que España implantará a partir del 1 de enero, si el Congreso aprueba el proyecto de ley. El origen de estos nuevos ingresos que obtendrá el Estado y, al mismo tiempo, el destino de ese dinero marca la distancia entre la propuesta comunitaria y la realidad española.

La Comisión Europea espera recaudar 140.000 millones de euros de beneficios que las empresas energéticas (electricidad, petróleo y gas) no esperaban ni remotamente, según Bruselas. Pero el Ministerio de Hacienda ha optado por aplicar el impuesto sobre las ventas de estas empresas (además de las bancarias), y no sobre las utilidades que puedan registrar cada año entre 2022 y 2023. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo teme que las grandes corporaciones afectadas por este impuesto jueguen con la ingeniería contable. Es decir, que ajusten su resultado final con provisiones, por ejemplo: cantidades de dinero destinadas a reservas para anticipar alguna contingencia negativa en el futuro. De esta forma, reducirían su beneficio neto y se reduciría la recaudación del impuesto extraordinario. Al gravar la renta (lo que facturan o lo que venden, sin ajustes), el dinero que ingresará el Estado es mucho más claro, sin posibilidad de aplicar esas herramientas contables, en todo caso legales.

El problema que se le puede plantear al Ministerio de Hacienda es que la propuesta europea presentada ayer es la definitiva. El proyecto de la Comisión aboga por aplicar el impuesto a las empresas cuyo beneficio supere un incremento del 20% en la base imponible media de los tres ejercicios fiscales a partir de enero de 2019. De ser así, empresas como Repsol (con pérdidas tres años) verían la reducido el impacto del impuesto en sus facturas corrientes. Aunque desde Hacienda aclaran que habrá que esperar a la negociación de la propuesta de la Comisión entre los Estados miembros, ya que cualquier decisión final requiere la unanimidad.

De momento, la previsión del Ejecutivo es aplicar una tasa del 4,8% sobre los ingresos de las empresas eléctricas (y del 1,2% en el caso de las entidades), con las que estima recaudar unos 7.000 millones de euros en dos años. Una cantidad que podría ser aún mayor tras la última subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Al subir los tipos de interés (ya están en el 1,25% frente al 0% de principios de año), los ingresos de los bancos por lo que cobran por los préstamos también serán mayores.

La otra diferencia entre el plan comunitario y la propuesta española radica en el destino que se le dará a esa colección millonaria. La Unión Europea quiere que esta cantidad se utilice para crear un fondo finalista. Es decir, que la recaudación del impuesto extraordinario se destine a financiar políticas de ayudas energéticas, especialmente para los colectivos más vulnerables afectados por la crisis de los precios de la electricidad y el gas. Sin embargo, en la línea de lo que ha aclarado Hacienda hasta ahora, no irá precisamente por ese camino. España utilizará ese dinero para incorporarlo a la caja presupuestaria. De hecho, la previsión es que las cuentas públicas, que se ultiman estos días a la espera de presentarlas antes del 30 de septiembre como dicta la Constitución, incluyan estas partidas como ingresos adicionales.

Pero, al menos no todavía, el Ejecutivo no ha aclarado que esos 7.000 millones de euros calculados para dos ejercicios se destinarán exclusivamente a medidas relacionadas con el apoyo energético, como la ampliación del bono social o el cheque térmico; una limitación de la tarifa regulada, como se está haciendo en otros países; o nuevas ayudas directas. Lo que sigue vigente en España son los planes aprobados, con un desembolso de 30.000 millones de euros hasta final de año, con una bonificación de 20 céntimos por litro en el combustible; la reducción del IVA al 5%; ola de expansión del ingreso mínimo vital.

Mediodías y noches tensas

La propuesta de reducción del consumo energético en “horas punta” también pasa por una excepción respecto al resto de países. El sistema registra los periodos de mayor consumo de luz entre las 12:00 y las 14:00 horas y entre las 21:00 y las 23:00 horas, según Redeia. El primer tramo coincide con una mayor actividad industrial y empresarial. El segundo, con la presencia de las familias en sus hogares. En el resto de Europa estas horas punta se adelantan una o dos horas, dependiendo del país y sus usos diarios distintos al español.


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