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El Supremo descarta la nulidad automática de los despidos en plena pandemia


Contradice al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y dictamina que deben considerarse improcedentes, lo que abre la puerta a que se resuelvan con una indemnización y no con la reincorporación del trabajador.

Lucía Palacios

El Tribunal Supremo arroja un jarro de agua fría a una de las medidas de protección puestas en marcha por el Gobierno durante la pandemia: la prohibición que impuso a las empresas que se acogieran a un ERTE de despedir a sus trabajadores por causas económicas desde marzo de 2020 hasta el pasado 28 de febrero. El alto tribunal se pronuncia por primera vez en relación a esta norma aprobada en medio del estallido de la covid-19 que ha generado un amplio debate y, en una sentencia que hizo pública este jueves, descarta que La nulidad del despido puede declararse de pleno derecho acordada sin causa durante la pasada crisis sanitaria.

De esta forma, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo se posiciona en contra del criterio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que optó por la nulidad de los despidos al entender que estaban prohibidos e incurridos en fraude de ley. Por el contrario, otros tribunales superiores como el de Madrid, Andalucía o Cataluña entendieron que podían ser considerados improcedentes.

El Supremo concluye que un despido injustificado realizado durante el periodo de pandemia que se produzca por causas económicas, técnicas u organizativas (ETOP) puede mutar por indemnización, es decir, se entendería como un despido improcedente y no nulo. Así, esta sentencia abre la puerta a revisar los despidos realizados durante el periodo de vigencia de la normativa y poder resolverlos con indemnización y no con la obligación de tener que reintegrar irremediablemente al trabajador en la empresa y el consiguiente pago de una indemnización. la nómina que debió recibir, según lo previsto por la norma impulsada por el Ministerio del Trabajo.

El problema surge a raíz del real decreto-ley de marzo de 2020, en el que el Gobierno apostó por los ERTE como solución a los problemas empresariales asociados a la pandemia para poder mantener el empleo. Por ello, dictaminó que «la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que motivaron las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada no pueden entenderse como justificación de la extinción del contrato de trabajo o del despido». Se trata de la famosa cláusula conocida como prohibición de despido, por lo que la empresa que la incumplía también debía devolver las bonificaciones que había aplicado a las cotizaciones de sus trabajadores.

La sentencia, cuyo texto se dará a conocer en los próximos días, concluye que el despido, desconociendo lo dispuesto en dicha norma, «no debe calificarse de nulo, salvo que exista algún dato concreto que lo justifique», como la infracción de un derecho fundamental, la elusión de las normas procesales sobre el despido colectivo o la concurrencia de una circunstancia subjetiva que genere especial protección.

El Tribunal Supremo, con esta sentencia, unifica doctrina y sostiene que la prohibición de despido impuesta por el Gobierno no es una de las causas de nulidad y, al implicar la vulneración de una norma, será improcedente y no nula, explica Juan a este periódico. Ignacio Olmos, director del área Laboral de KPMG Abogados, quien advierte que aquellos trabajadores que, tras un despido, hayan sido reintegrados, verán amortizados sus cargos con una indemnización equivalente a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 pagos mensuales.

No hay una prohibición real

El argumento en el que se basa el Supremo es que ni la referida norma contiene una verdadera prohibición, ni las consecuencias de un despido fraudulento conllevan su nulidad, salvo que exista una previsión normativa expresa (como en el caso de la elusión del mecanismo de despido colectivo ). Del mismo modo, el hecho de haber aceptado un ERTE tampoco aparece como una verdadera obligación, tal y como explica el juzgado en una nota.

Se descarta la calificación del despido como nulo porque las disposiciones sobre la materia ignoran el supuesto de dolo (salvo en los despidos por goteo que eluden el procedimiento de extinción colectiva).

El juzgado considera que cuando se presenta una extinción del contrato de trabajo pactada por la empresa y carece de causa válida, debe calificarse de conformidad con la legislación laboral vigente, tanto por la especialidad de este sector del ordenamiento jurídico como por la referencia a el propio Código Civil.

UGT salió este jueves a dictar sentencia reclamando que se reabra el debate sobre el coste del despido injustificado, ya que despedir injustificadamente es «fácil y barato». Por ello, el sindicato presentó recientemente una demanda contra España ante la Comisión Europea en la que reclama que el despido sea «lo suficientemente indemnizatorio y disuasorio».


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