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El juzgado ordena ampliar la investigación a Repsol y CaixaBank por Villarejo


Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario José Villarejo. / EFE

Revoca el archivo de la investigación y la acusación del juez García Castellón, que limitaba los hechos a los responsables de Seguridad de ambas empresas

matthew balin

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Manuel García Castellón, instructor del ‘caso Villarejo’, reabrir la pieza separada referente al trabajo realizado por el comisario de Repsol y CaixaBank, cuyos presidentes Antonio Brufau e Isidro Fainé están procesados, y seguir investigando hasta «agotar» todas las líneas posibles.

La Sala de lo Penal ha estimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y unas acusaciones y ha revocado el auto de acusación dictado por García Castellón el pasado mes de septiembre. También anula la destitución de las siguientes personas: el exsecretario general de la petrolera, Luis Suárez de Lezo; el exdirector corporativo de Wealth Management de Repsol, Joaquín Uris; el exdirector de esta empresa Juan de Amunátegui; y el exdirector de medios de Caixabank, Antonio Massanell.

El juzgado de la Sección Tercera de lo Penal, presidido por Alfonso Guevara, ha justificado que adopta esta decisión a pesar de que en «todos estos casos» los elementos inculpatorios «son considerablemente más débiles» que los que atañen al grupo principal de investigados, entre ellos que incluye a los que fueron responsables de la seguridad de ambas empresas: Rafael Araújo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank).

La Sala considera que “la falta de diligencia a realizar, que se estima necesaria para agotar la investigación de los hechos presuntamente delictivos, es incompatible con el mantenimiento de la decisión de continuar por la vía del procedimiento (acusación) abreviado”, por lo que la juez apostó por un coche del pasado 20 de septiembre.

Con el paso a esta fase procesal, «se concluye la fase de instrucción y la clausura impide la práctica de las diligencias» que la Sala considera necesarias, resultando «obligada, por tanto, a estimar en este extremo los recursos de apelación» interpuestos por uno de los citados al parecer perjudicados por el espionaje de Villarejo, el empresario Luis del Rivero (Sacyr), la Fiscalía Anticorrupción y Podemos (acusación popular en esta macrocausa).

«Libertad de juicio»

Eso sí, la Sala permite al magistrado, «con libertad de juicio», tomar las decisiones oportunas y fijar las diligencias «que estime necesarias» para concluir la investigación. Esta decisión llega justo un mes después de que la propia Sala corrigiera a García Castellón y acusara de nuevo a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé.

Luego, el tribunal sostuvo que la investigación realizada hasta el momento reveló la existencia de indicios de conductas delictivas calificadas como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. En concreto, el pedido elaborado por la empresa villarejona Grupo Cenyt se habría ejecutado “a cambio de un precio que pagaron las empresas comitentes” y “que incluía el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones”.

En 2011, Cenyt elaboró ​​una serie de reportajes sobre Luis del Rivero, su mujer, jefe de Seguridad de Sacyr y exdirector financiero de Repsol con información confidencial y llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y su entorno. Estos datos reservados fueron presuntamente facilitados por el comisario Enrique García Castaño a Villarejo. Por esta cesión, Cenyt recibió pagos con cargo a las sociedades Repsol y Caixabank por valor de 413.600 euros, de los que 218.900 corresponden a pagos de la petrolera y 194.700 al banco.


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